Cuál es el problema
Cada segundo, perdemos el equivalente al salario anual de una enfermera en una guarida fiscal. Los gobiernos de todo el mundo pierden más de 427 mil millones de dólares en impuestos cada año debido al fraude fiscal mundial. Estas pérdidas fiscales son particularmente perjudiciales para los países de ingresos más bajos, que pierden el equivalente a la mitad de sus presupuestos combinados de salud pública cada año debido al fraude fiscal mundial. De los 427 mil millones de dólares que se pierden en impuestos cada año, más de la mitad, 245 mil millones de dólares, se pierden directamente por fraude fiscal corporativo transfronterizo por parte de empresas multinacionales.
El Índice de Guaridas Fiscales Corporativas evalúa minuciosamente los sistemas fiscales y financieros de cada jurisdicción a fin de ayudar a identificar las jurisdicciones más responsables de permitir que las empresas multinacionales eludan impuestos corporativos, y de poner de relieve las leyes y lagunas fiscales que los legisladores pueden enmendar para evitar que las multinacionales continúen cometiendo fraude fiscal corporativo.
La Red para la Justicia Fiscal cree que nuestros sistemas fiscales y financieros constituyen nuestras herramientas más poderosas para crear sociedades justas que otorguen el mismo peso a las necesidades de todos. Pero bajo la presión de los gigantes corporativos y los multimillonarios, algunos gobiernos programaron sus sistemas fiscales y financieros para que sirvan como una herramienta con la que las empresas multinacionales pueden extraer riqueza y eludir impuestos. Esto promueve la desigualdad, fomenta la corrupción y socava la democracia. A fin de reparar esta injusticia, los sistemas fiscales y financieros de los países deben reprogramarse para priorizar las necesidades de todos los miembros de la sociedad, por encima de los deseos de las empresas y las personas más adineradas.
Temas clave destacados por el índice en 2021
Los países de la OCDE son responsables de más de dos tercios de los riesgos de fraude fiscal
El Índice de Guaridas Fiscales Corporativas de 2021 concluye que los países que son miembros de la OCDE, el principal creador de reglas del mundo en materia de fiscalidad internacional, y las dependencias de los países miembros de la OCDE son responsables en conjunto del 68% de los riesgos de fraude fiscal corporativo del mundo. Desglosados, los países de la OCDE son directamente responsables del 39% de los riesgos de fraude fiscal corporativo en el mundo y sus dependencias, como la dependencia de la Corona de Jersey del Reino Unido, y Aruba de los Países Bajos, son responsables del 29%.
El índice documenta las formas en las que las reglas de fiscalidad corporativa mundial establecidas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) no detectaron ni previnieron el fraude fiscal corporativo permitido por los propios países miembros de la OCDE y, en algunos casos, condujeron a los países a reducir su transparencia fiscal.
Las seis primeras jurisdicciones del Índice de Guaridas Fiscales Corporativas de 2021 son países de la OCDE o sus dependencias. Estas son en orden descendente: las Islas Vírgenes Británicas, Caimán y Bermudas, tres territorios británicos de ultramar donde el gobierno del Reino Unido cuenta con plenos poderes para imponer o vetar la legislación y donde el poder de nombrar a los principales funcionarios del gobierno recae en la Corona británica, los Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.
Según el Estado de la Justicia Fiscal de 2020 de la Red para la Justicia Fiscal, los países de la OCDE y sus dependencias cuestan al mundo más de 166 mil millones de dólares en impuestos corporativos perdidos cada año, el equivalente a perder más de 26 millones de salarios anuales de enfermeras al año o a perder 50 sueldos anuales de personal de enfermería cada minuto.
Casi todos los facilitadores del fraude fiscal corporativo fueron considerados "no nocivos" por la OECD
Un análisis de la política emblemática de protección de la OCDE contra jurisdicciones que permiten prácticas fiscales nocivas reveló que dicha política no detectó casi ninguno de los riesgos de fraude fiscal corporativo recogidos por el índice.
Las jurisdicciones calificadas como "no nocivas" conforme al Plan de Acción 5 del BEPS de la OCDE, uno de los cuatro pilares clave del conjunto de normas globales que la OCDE puso en marcha en 2015 para combatir el fraude fiscal por parte de las empresas multinacionales, son responsables del 98% de los riesgos de fraude fiscal corporativo. Las jurisdicciones calificadas como "nocivas" por la OCDE representan solo el 1%. Las jurisdicciones que se encuentran actualmente bajo revisión representaron otro 1%.
La incapacidad del Plan de Acción 5 de la OCDE para detectar y evitar las prácticas fiscales nocivas en sus clasificaciones hace que se normalice en la práctica el comportamiento perjudicial de las guaridas fiscales corporativas.
Bajo el Plan de Acción 5 del BEPS, los sistemas fiscales de las jurisdicciones son evaluados y calificados por la OCDE en función de si permiten prácticas fiscales nocivas por parte de las empresas multinacionales. Según el sitio web de la OECD, “los miembros se comprometen a participar en una revisión entre pares del Foro de la OCDE sobre Prácticas Fiscales Nocivas, que lleva a cabo revisiones de los regímenes fiscales preferenciales desde su creación en 1998 con el fin de determinar si los regímenes fiscales podrían ser perjudiciales para la base imponible de otras jurisdicciones”.
El trabajo actual del Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas (FHTP, por sus siglas en inglés) comprende tres ámbitos clave. El sitio web de la OECD detalla estos:
“En primer lugar, la evaluación de los regímenes fiscales preferenciales a fin de identificar características de dichos regímenes que puedan facilitar la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios y, por lo tanto, tienen el potencial de repercutir injustamente la base imponible de otras jurisdicciones. En segundo lugar, la revisión entre pares y el seguimiento del marco de transparencia de la Acción 5 mediante el intercambio espontáneo obligatorio de información relevante sobre las resoluciones específicas de los contribuyentes que, en ausencia de dicho intercambio de información, podrían suscitar preocupación sobre el BEPS. En tercer lugar, la revisión de los requisitos de actividades sustanciales en jurisdicciones con fiscalidad nula o solo nominal a fin de garantizar la igualdad de condiciones, allí donde la primera evaluación no resulte aplicable.”
El análisis de la Red para la Justicia Fiscal de las clasificaciones de las prácticas fiscales nocivas de la OCDE solo tiene en cuenta el primer y el tercer ámbito de evaluación. Esto se debe a dos razones: en primer lugar, la OCDE no otorga a las jurisdicciones una clasificación en virtud del segundo ámbito de evaluación. Solo les brinda recomendaciones para acciones futuras o ninguna recomendación de actuación. Sería injusto concluir que los países que no reciben recomendaciones son considerados no nocivos por la OCDE y aquellos que reciben recomendaciones son considerados nocivos por la OCDE. Por consiguiente, la Red para la Justicia Fiscal solo analiza las clasificaciones conforme a la primera y tercera evaluación cuando la OCDE emplea el término nocivo. En segundo lugar, la Red para la Justicia Fiscal considera que los criterios utilizados bajo el segundo ámbito de evaluación con respecto al intercambio de información sobre resoluciones fiscales resultan demasiado insuficientes para proporcionar información valiosa.
La lista negra de guaridas fiscales de la UE no recoge a los facilitadores del 98% del fraude fiscal corporativo mundial
Cuando se publicó el Índice de Guaridas Fiscales Corporativas de 2021 las jurisdicciones incluidas en la lista negra de guaridas fiscales de la UE contaban con un porcentaje combinado de CTHI del 1,88%, lo que significa que fueron responsables de solo el 1,88% del riesgo de fraude fiscal corporativo mundial. En comparación, los estados miembros de la UE fueron responsables del 38%.
El territorio británico de Caimán, que fue incluido brevemente en la lista negra de la UE en 2020 y luego eliminado de la lista en el mismo año, posee un porcentaje de CTHI del 6% en el Índice de Guaridas Fiscales Corporativas de 2021. Es decir, por sí solo Caimán permite más de tres veces más riesgos de fraude fiscal corporativo que todas las jurisdicciones de la lista negra de guaridas fiscales de la UE juntas.
Solucionar el problema
El fraude fiscal corporativo promueve la desigualdad, fomenta la corrupción y socava la democracia. A fin de reparar esta injusticia, nuestros sistemas fiscales y financieros de los países deben reprogramarse para otorgar el mismo peso a las necesidades de todos los miembros de la sociedad, en lugar de priorizar los deseos de las empresas y las personas más adineradas. Consulte nuestra página de soluciones aquí para descubrir cómo lo logramos.